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Plantea aplicar penas de hasta cinco años de prisión a quien robe esta información, contenida en dispositivos electrónicos móviles u ordenadores personales
Ciudad de México, 8 de mayo de 2022.-
La diputada Valeria Santiago Barrientos (PVEM) plantea reformar el Código Penal Federal, para sancionar con penas de tres a cinco años de prisión el delito de robo de datos personales o información confidencial, sin consentimiento, mediante engaño, amenaza o violencia.
Asimismo, sustraiga, utilice o transmita datos personales o información confidencial, contenidos en dispositivos electrónicos personales móviles u ordenadores personales fijos, con la intención de obtener un lucro indebido o con el propósito de cometer un delito.
En un comunicado, explicó que la sustracción y transmisión ilegal de esta información se castigará, además de la prisión, con 200 a 500 días de multa.
Precisó que en la utilización ilícita de datos personales o información confidencial, con la intención de realizar transacciones, operaciones financieras o actos de comercio para obtener un beneficio personal, se aplicarán las penas y multas establecidas en el artículo 386 del mismo Código.
Expuso que, aunque la legislación garantiza la protección de datos personales y de la información confidencial de las personas, no estipula sanciones sobre el uso de la misma para la comisión de delitos, sobre todo, cuando de manera reciente, las aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, Telegram o Messenger han sido vías que utilizan los delincuentes para cometer actos ilícitos.
“Un ejemplo es el robo de cuentas para pedir a los contactos de la víctima sumas de dinero a nombre de esta o enviar mensajes vía WhatsApp a su víctima, para decirle que es la policía y que debe pagar una suma de dinero a cambio de no detenerlo por un delito grave”, detalló.
En este contexto, subrayó que la reforma es necesaria, en razón de que el avance y expansión de las nuevas tecnologías de la información ha impactado de manera significativa en cada uno de los ámbitos de la vida de las personas, particularmente, en el entorno de la vida privada de quienes tienen acceso a dispositivos digitales e interactúan de manera constante con otras personas.
“Es indispensable transitar hacia la regulación de las nuevas tecnologías a fin de inhibir que éstas sean utilizadas para cometer delitos, por lo que es momento de poner manos a la obra y a empezar a legislar sobre la materia; los tiempos que hoy vivimos y la sociedad así lo exigen”, comentó.
Aclaró que su propuesta no genera impacto económico en el presupuesto de la nación, ya que no necesita recursos para su aprobación, publicación y ejecución.
