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Mérida, Yucatán, 26 de septiembre de 2024.-
Con 18 votos a favor y 16 en contra Yucatán se alinea a la aprobación de esta reforma realizada en el Senado de la República.
La Federación contará con la facultad de disponer de las Fuerzas Armadas para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia.
Por: Miguel Velázquez Pérez
En sesión extraordinaria el Congreso del Estado aprobó, por mayoría, el decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política en materia de Guardia Nacional, la cual se adscribe a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Con 18 votos a favor y 16 en contra Yucatán se alinea a la aprobación de esta reforma realizada en el Senado de la República, con la cual la Federación contará con la facultad de disponer de las Fuerzas Armadas para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia.
En esa reforma, Movimiento Ciudadano se posicionó en contra de la militarización de la seguridad nacional por considerar que no es una estrategia adecuada que solucione los problemas que tiene el país en la materia.
Al respecto, el diputado Javier Osante Solís, coordinador de la bancada naranja, recordó que el compromiso como legisladores es con la sociedad yucateca, con las víctimas de la violencia, pero sobre todo con el futuro de México como un país donde la paz y la justicia sean construidas por instituciones civiles fuertes y transparentes.
“Cuando una institución civil se militariza, se usa principalmente la fuerza sobre la justicia, y esto es incompatible con una política que ponga los derechos humanos en el centro” sostuvo Osante Solís, al hacer uso de la tribuna legislativa.
Puntualizó que la reforma se presenta como un intento de dotar de un marco legal permanente la presencia de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública, lo que se contrapone a la promesa de regresar a los militares a los cuarteles.
Este cambio, dijo, no sólo modifica el artículo 21 de la Constitución para adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sino que también la define como una fuerza de seguridad pública permanente, integrada por personal de origen militar.
Las estadísticas, anotó, muestran una realidad alarmante, puesto que de enero de 2019 a julio de 2024, la Guardia Nacional ha acumulado mil setecientos setenta y dos expedientes de queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), mientras que la Sedena acumula dos mil doscientos ochenta.
“Dichos datos llevan al sexenio, que está por concluir, a ser reconocido como el más violento de la época moderna de nuestro país, con más de 195 mil homicidios dolosos”, apuntó el legislador de MC.
Por su parte, la legisladora de Acción Nacional, Zazhil Méndez Hernández advirtió que al militarizar a la Guardia Nacional se incide gradualmente en la sociedad, la educación, política y economía.
El coordinador de la fracción panista, Roger Torres Peniche indicó que la realidad con esa reforma es desaparecer a la Guardia Nacional y crear una policía militar que se convierta en una fuerza letal.
En su turno, el priista Gaspar Quintal Parra advirtió que dicha reforma plantea que los elementos de la Guardia Nacional solo podrán ser juzgados por tribunales militares, y que en lugar de militarizar a la institución se requiere de una política pública y estrategias bien planeadas.
