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Ciudad de México, 2 de agosto de 2024.-
Concluyó el encuentro académico Foros Reforma Constitucional en Materia de Justicia, organizado por la UNAM.
Participaron 74 ponentes y siete moderadores en un ambiente de pluralidad, libertad y sin prejuicios.
Debe reformarse el Poder Judicial, al dotarlo de las herramientas para que la justicia sea administrada por tribunales competentes y para que de manera imparcial y con igualdad de oportunidades se recuerde a las víctimas de los delitos, no mencionados en la iniciativa de reforma. Además, debe velar por el profesionalismo de ese poder y garantizar sus principios de independencia, imparcialidad y autonomía, fueron planteamientos hechos en la última sesión de trabajo de los Foros Reforma Constitucional en Materia de Justicia.
En la clausura del encuentro académico llevado a cabo en la UNAM, Hugo Alejandro Concha Cantú, abogado general de esta casa de estudios, destacó que hubo consenso en la necesidad de realizar una amplia y profunda reforma en la materia; varían los contenidos y eso en la Universidad se celebra.
Independientemente de las opiniones que expresaron 74 ponentes y siete moderadores, es claro que los grandes faltantes en esta propuesta son una protección eficaz de los derechos humanos y de las víctimas de la inseguridad, situación en la cual se encuentran enormes grupos de la población, precisó.
“Debe poner atención a un mayor acceso a la justicia, a una más amplia y mejor tutela judicial, a un conjunto de instituciones jurisdiccionales más eficientes en sus procedimientos y plazos, y más eficaces en sus impactos, pero también que estas mismas instituciones sean órganos que rindan cuentas de sus acciones y que no caigan en abusos o en redes de corrupción y, sobre todo, preservar y fortalecer la independencia en su actuar”, manifestó ante Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), y Sonia Venegas Álvarez, titular de la Facultad de Derecho (FD).
Fernando Macedo Chagolla, director de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, afirmó que esta institución y su comunidad no pueden permanecer ajenas a una propuesta que puede cambiar las funciones de uno de los tres poderes que componen a nuestra nación-Estado. Estamos lejos de nuestros ideales de justicia, por ello, el marco jurídico debe seguir cambiando y los intereses que impulsen esa transformación deben ser los de la sociedad.
A su vez, Nora del Consuelo Goris Mayans, directora de la FES Acatlán, señaló: las reflexiones se realizaron en un ambiente de pluralidad, libertad y sin prejuicios, y reiteró que la Universidad Nacional es un espacio de encuentro para todos los mexicanos.
“Es un privilegio que podamos compartir y construir soluciones a nuestros problemas, y que aquí se haya dado esta oportunidad. Las aportaciones de los Foros muestran la necesidad de contar con jueces capacitados, preparados y que generen confianza entre la ciudadanía, y un Poder Judicial garante de la legalidad y de la Constitución”.
En la Mesa Siete, Justicia expedita, Perla Gómez Gallardo, profesora de la FD, expuso que se ha dicho que la justicia debe ser expedita, pero no se cumple con las condiciones para que sea pronta: se debe dirimir y dilucidar; en tanto, la resolución debe ser expedita, al mismo tiempo que imparcial y completa. De acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal de 2023, hay 54 mil 388 operadores jurídicos y con esa cantidad no se puede lograr una resolución de esas características.
Para María Macarita Elizondo Gasperín, también profesora de esa entidad académica, esa reforma constitucional debe encaminarse hacia el bien común. Es necesario fomentar la participación ciudadana buscando una sociedad activa en el ejercicio del derecho a la justicia, despresurizando las cuestiones judicializadas e institucionalizadas y que el Estado deje de tener control preponderante de solución de conflictos. Es un reto, pero es alcanzable y plausible.
El investigador del IIJ, José de Jesús Orozco Henríquez, señaló que una de las fallas de la iniciativa es no prever medidas necesarias que contribuyan, de manera efectiva, a evitar el rezago y atraso judicial, y a garantizar justicia pronta y expedita, como es el necesario incremento sustancial a los presupuestos del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales de las entidades federativas.
Francisca Pou Giménez, también investigadora del mismo instituto, afirmó que la propuesta contiene poco en términos de garantía de justicia pronta y expedita; no soluciona ninguno de los importantes problemas existentes en materia de acceso efectivo a la justicia. Es claro que generará mayor saturación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, el sistema de elección de las personas juzgadoras por sufragio universal ralentizará la justicia, pues tendrán mucho por aprender.
En el auditorio Héctor Fix Zamudio del IIJ, Francisco Burgoa, profesor de la FES Aragón, propuso la modernización y digitalización del sistema judicial, para lo cual se requiere infraestructura y presupuesto. También capacitación continua de jueces y del personal judicial, junto con transparencia y rendición de cuentas. Además, que se conozcan mejor las sentencias y que puedan ser leídas por cualquier persona, en un lenguaje “ciudadano”, junto con una campaña permanente de difusión de los servicios que ofrecen los tribunales, incluyendo a los que no forman parte del Poder Judicial de la Federación. “Se requiere una reforma amplia”.
Al hacer uso de la palabra, Maricela Villegas Pacheco, profesora de la FES Aragón, sugirió que en la exposición de motivos de la reforma se incluya la necesidad de que haya jueces preparados y los juicios no sean tan largos. Se deben analizar los derechos de las víctimas, pues son las más afectadas.
La profesora de Acatlán, Sonia Maricela Santillán Montoya, acotó que elegir a los representantes de la justicia por voto popular no logrará que esos procedimientos sean rápidos. El retraso en su impartición no radica solo en las personas juzgadoras, sino en un problema estructural donde intervienen varios factores, como el número insuficiente de ellas. El Poder Judicial debe ser transformado para que cumpla de manera eficiente con su encomienda principal: la protección de derechos humanos en plazos razonables; debe ser dotado de herramientas y respetar sus principios de imparcialidad e independencia; solo así se podrá consolidar un verdadero Estado constitucional en el país.
En la mesa moderada por Alfredo Sánchez Castañeda, profesor de la FD, Marco Antonio Escobar Cuapio, profesor de la FES Acatlán resaltó que en los diversos foros y reflexiones realizados en torno a la reforma al Poder Judicial, la discusión se realiza a partir del punto de vista de los operadores jurídicos o de la conceptualización del derecho, desde la tradición jurídica, sin considerar lo que el justiciable requiere en lo cotidiano, desde la percepción de la ciudadanía con relación a la impartición y procuración de justicia para la cual se necesita una reforma profunda.
Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, sostuvo que no se puede pensar en una reforma de justicia si no vinculamos esta última con la seguridad, dada la urgencia y la tragedia humana que representan las personas asesinadas, desaparecidas, desplazadas, torturadas, etcétera. Se requiere implementar mecanismos extraordinarios que tengan como único objetivo regresar la gobernabilidad y la viabilidad del Estado.
