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Mérida, Yucatán, 24 de abril de 2024.-
Esta reforma y adiciona en materia de propiedad, biodiversidad y autoridades, el artículo 27 Constitucional.
Violentado en 1992 por Carlos Salinas de Gortari.
Se rompió con el paco social en el campo mexicano.
Por: Redacción
Los dirigentes sociales Pablo Duarte Sánchez de la UNORCA; Paula Esperanza Lira Moguel, de la Asociación Estatal de Padres de Familia; Jesús Solís Alpuche, dirigente de El Barzon e Hilda Mirna Díaz Caballero de TRANSPARENCIA, expusieron la necesidad de cambiar el modelo de “desarrollo de muerte”, que significa el desarrollo industrial e inmobiliario que se impone en el campo con el abierto despojo de tierras y territorios en todo el país, dañando un proyecto de vida productiva y sustentable para la autosuficiencia alimentaria.
Por esta causa, explicaron que, la Clase Campesina presentó, el 9 de abril a la LXV Legislatura, en la Cámara de Diputados, la Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona la materia de propiedad social, biodiversidad señalando que autoridades salinistas reformas que violentaron en 1992, cambiando el artículo 27 en Materia Agraria y rompiendo con el Pacto Social de la Constitución de 1917, que le daba a la tierra el carácter de propiedad inalienable, inembargable e imprescriptible al campesino y ejidatario.
“en la Exposición de Motivos el documento reconoce que la Revolución Mexicana, como hecho histórico, no constituyó una revolución en contra del modo de producción capitalista, sino la base del sistema actual de dependencias al capital, en el cual los campesinos constituyen la base de la pirámide social del subdesarrollo” señaló Jesús Solís Alpuche.
De la misma manera explicó que la estructura agraria actual, después de 60 años de la Revolución, muestra claramente el predominio y desarrollo de la clase capitalista y la dominación y explotación de los campesinos.
Por otra parte, Pablo Duarte Sánchez señaló que la sociedad y la economía campesina no están aisladas de la sociedad y la economía capitalista y el intercambio desigual existentes entre las dos clases, determina la explotación de los campesinos.
“Esta explotación es la base para la existencia de los campesinos como una clase social, aunque el control político del Estado, su falta de organización y conciencia de clase, hace que los campesinos sean una clase en sí y no una clase para sí”, detalló Duarte Sánchez.
En la rueda de prensa fueron enfáticos en señalar que el actual gobierno niega la existencia, diferencia y división, y por ende, la lucha de clases; cuando la Revolución Mexicana, fue producto precisamente de la inconformidad en el campo mexicano. Aunque precisan que el gobierno actual reconoce virtualmente a la clase media como una clase, producto de la alienación y de la realidad del nuevo modelo de desarrollo industrial puntualizan que la realidad en el campo es innegable.
El documento entregado en San Lázaro, explican, que especifica que ningún pueblo indígena y campesino digno de México quiere ser considerado niños chicos o seres humanos de segunda; menos servidumbre de la gran empresa capitalista nacional y extranjera. Expresan ser productores garantes de la soberanía nacional, de sus diferentes necesidades reiteran que subraya el documento en alusión.
Pablo Duarte y Jesús Solís Alpuche insistieron reiteradamente, en la necesidad de la divulgación del documento que plantea la recuperación de la producción en el campo, el combate al tráfico de tierras que el gobierno estatal promueve; así como financiamiento, tecnología y capacitación para promover otro tipo de desarrollo alternativo con visión comunitaria para la autosuficiencia y mercados justos.
“Porque no estamos produciendo lo que nos comemos. Los granos que nos alimentan provienen, de muy mala calidad de los Estados Unidos, y este país, usa como estrategia el estrangulamiento alimentario para someter a los gobiernos en América Latina y otros países subdesarrollados para incluso imponer su voluntad política y económica violentando nuestras soberanías”, señala Solís Alpuche.
Llamaron a la protección de los recursos y bienes naturales, según las aspiraciones estampadas en ese documento para una nueva legislación ya que señalan hay que recuperar de manera actualizada los derechos de la nación establecidos en 1917 en el Artículo 27 de la Constitución.
En el documento exige que, en el marco de las leyes reglamentarias, se restituya los derechos de los pueblos indígenas, afromexicanos, campesinos, pescadores, y mineros, así como el derecho de los núcleos agrarios, ejidales y comunales “que el capitalismo salvaje le está arrebatando, en forma de despojo a las comunidades ejidales” y, a los pueblos originarios.
