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Ciudad de México, 19 de marzo de 2024.-
Es una medida de inclusión y equidad lingüística que garantiza el acceso a la justicia y la efectividad e influencia de los trabajos de la CIJ en los países hispanohablantes.
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, destacó la importancia de que el español se incorpore en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como idioma oficial, por ser una medida de inclusión y equidad lingüística; además de garantizar el acceso a la justicia y la efectividad e influencia de los trabajos de la CIJ en los países hispanohablantes.
“Así se hace efectivo el acceso a la justicia, ya que, como principal órgano judicial de las Naciones Unidas, actualmente solo se utiliza el inglés y el francés como idiomas oficiales”, a pesar de que el español es hablado por 477 millones de individuos de 21 naciones distribuidas en los cinco continentes.
La diputada presidenta informó que en la reunión de la Unión Interparlamentaria (UIP) que se celebrará en Ginebra, Suiza, a finales de este mes, presentará el pronunciamiento aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados, con la finalidad de que a través del Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC) se exhorte a la UIP a pronunciarse a favor de que la Corte Internacional de Justicia incorpore al español como uno de sus idiomas oficiales en su Estatuto.
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados explicó que este tema se presentará ante la UIP, porque en este organismo internacional se da el intercambio entre legisladores de más de 170 parlamentos nacionales y México, además de ser un activo Estado Miembro de la Unión, ejerce una diplomacia de liderazgo proactivo.
Guerra Castillo subrayó que utilizar el español como idioma oficial en la Corte Internacional de Justicia facilita la comunicación efectiva entre las partes y los jueces quienes en muchas ocasiones son hispano-hablantes, precisó.
Este pronunciamiento, aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados, se envió a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que lo remita, de forma oficial, a la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya.
