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Mérida, Yucatán, 10 de febrero de 2024.-
La diputada local de Movimiento Ciudadano asegura que Yucatán no es el mejor lugar para vivir, solo es para invertir, pero el beneficio no está llegando a la gente.
El estado sigue teniendo salarios bajos que limitan el poder adquisitivo de la ciudadanía yucateca.
Como parte del análisis de la glosa del Quinto Informe de Gobierno, la representante ciudadana en el Congreso del Estado, Gabriela González Ojeda cuestionó a los representantes del poder ejecutivo sobre las carentes condiciones laborales que enfrentan las personas que trabajan en la construcción.
Así como los deficientes resultados que han tenido las políticas públicas en materia de salud mental y la transparencia respecto a la deuda pública del estado; sin embargo, sus preguntas quedaron sin respuesta por parte de los funcionarios responsables de dichos temas.
Durante este gobierno se han aplicado políticas económicas encaminadas principalmente a la atracción de inversión a Yucatán, descuidando por completo el bienestar de los trabajadores y sus familias, observó.
Reiteró que no se puede hablar de desarrollo porque la derrama económica de las inversiones no le está llegando a la población y no se ve reflejada en la calidad de vida de la ciudadanía.
“Yucatán no es el mejor lugar para vivir. Hoy Yucatán es solo el mejor lugar para invertir. Pero esas inversiones no han mejorado la calidad de vida los yucatecos”, apuntó la legisladora naranja, ante el silencio del Secretario de Fomento Económico.
En abril pasado, Movimiento Ciudadano invitó a mujeres y hombres de la construcción al recinto Legislativo, para escuchar la problemática del sector; ninguna de las personas asistentes, sabía que existía una dependencia con la función de velar por el bienestar de los trabajadores.
Con dicho antecedente, la Legisladora Naranja, cuestionó al titular de la dependencia sobre ¿cómo ha mejorar la vida de los albañiles yucatecos?
Señaló que el funcionario sólo trata con las cámaras empresariales y seguramente opinarán que todos los albañiles están en perfectas condiciones laborales…”valdría la pena que la Sefoet se diera a la tarea de escuchar también la versión de los albañiles para dejar de tomar decisiones de política pública, con base únicamente en la visión patronal”.
En cuanto a sueldos, según la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, los albañiles yucatecos ganan menos de $240 pesos al día. Sin embargo para el titular de la Sefoet la cifra es diferente pues él se basa en datos del IMSS, que señala que las y los albañiles meridanos ganan $370 pesos diarios; y los del interior del estado $442 pesos pues incluye el recurso para el traslado a las obras.
“Ganar $370 pesos diarios por desempeñar el segundo oficio más peligroso de México, sigue siendo alarmante ya que vivir en una ciudad gentrificada, donde los costos de vivienda siguen creciendo año con año, donde se paga la electricidad más cara del país; donde comprar una canasta básica a la semana cuesta $995 pesos según datos de la PROFECO y usar el va y ven de ida y vuelta son $24 pesos por persona, no es motivo de orgullo para un gobierno”, señaló.
Según el titular de la Sefoet, solo cuenta con información de albañiles que trabajan de manera formal y están afiliados al Instituto Mexicano de Seguridad Social, pero a los cuestionamientos relativos a cuántos trabajadores de la construcción operan en la informalidad, y sobre la tasa de defunción de los trabajadores de la construcción, no hubo respuesta.
“Es justamente la SEFOET y no el IMSS, quien debería de saber cuántos trabajadores de la construcción trabajan en la informalidad, porque solo de esa forma podría emitir políticas públicas en materia de trabajo, que resuelvan esta problemática. El IMSS no puede emitir datos de los obreros que trabajan en la informalidad y que no cuentan con seguro social que los proteja ante accidentes; pero que el IMSS no tenga los datos, no significa que no existan albañiles sin seguridad social. Es muy lamentable el descuido y el abandono a todo el sector obrero del estado”, dijo.
En cuanto a salud mental, especialmente ante el creciente número de suicidios, la representante naranja también cuestionó al titular de la salud estatal, toda vez que el funcionario ha dicho que existe una aplicación para atender a personas en crisis; a lo cual los cuestionamientos fueron ¿en qué municipios se utilizó la aplicación? Y como el estado garantiza que una persona con riesgo suicida reciba atención psicológica o psiquiátrica?, pero la tónica fue igual: los cuestionamientos no tuvieron respuesta.
“De acuerdo con expertos en salud mental, una acción para la que se requiere internet y un teléfono móvil, no es la herramienta adecuada ni suficiente para atender la salud mental de las personas yucatecas. Menos para atender a quienes tienen depresión severa o incluso riesgo suicida. Pero no lo podemos saber, porque no podemos evaluar una política pública sin indicadores”, acotó la Legisladora.
Otro de los temas cuestionados fue respecto a la deuda contratada en octubre pasado, para la modernización del puerto federal de Progreso, es la deuda más grande que un gobierno yucateco ha adquirido. Y si bien es cierto, que esta legislatura autorizó la contratación. Los detalles como las tasas de interés que pagará Yucatán por los siguientes 20 años y el monto de los pagos mensuales, no pasaron por el Congreso del Estado.
“Pudimos ver que durante los primeros 12 meses de pago de la deuda, es decir, de octubre 2023 a octubre 2024, los pagos mensuales son de únicamente 10 mil pesos. Sin embargo, a partir del mes 13, esto es, a partir del primer mes del siguiente gobierno, los pagos se disparan a más de dos millones de pesos al mes. Para el último año de la deuda, Yucatán estaría pagando entre 30 y 40 millones de pesos al mes. Esto es como 420 millones de pesos al año más los intereses” desglosó la legisladora con las copias de los contratos de la deuda en la mano. A lo que el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas señaló que esa deuda aún no se había contratado.
