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Ciudad de México, 22 de diciembre de 2023.-
Los diputados del PRI Rubén Moreira Valdez y Marco Antonio Mendoza Bustamante plantean crear un registro nacional de encuestadoras y blindar a la opinión pública de información tergiversada que busca influir en la preferencia política de las personas.
Los diputados del PRI, Rubén Moreira Valdez, coordinador del grupo parlamentario, y Marco Antonio Mendoza Bustamante presentaron una iniciativa para regular casas encuestadoras que participan en mediciones de procesos electorales, que sean revisadas seriamente en cuanto a su metodología y transparencia de sus ingresos.
A nombre de los diputados, la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik (PRI) señaló que la finalidad del planteamiento es crear un registro nacional de personas físicas o morales que quieran participar en el proceso electoral a través del levantamiento y publicación de encuestas o sondeos de opinión.
“Es necesario regular el tema de las encuestas o sondeos de opinión, porque puede resultar en un asunto que genere violencia electoral, pues la no regulación y la elaboración tendenciosa pueden alterar los resultados de una elección federal o local, afectando directamente en la intención del voto de las personas”, manifestó en un comunicado.
Refirió ejemplos documentados en la propuesta de Moreira Valdez y Mendoza Bustamante, y relató que en el proceso electoral 2022, específicamente para la gubernatura del Estado de México, se publicaron varias encuestas “patito” con números distorsionados, de acuerdo con una investigación realizada por medios periodísticos.
Bernal Bolnik detalló que periodistas encargados de un reportaje contactaron a una de las casas encuestadoras que se encargó de hacer los sondeos, explicaron que la manera de operar es aparentemente sencilla: el interesado contacta a la encuestadora, le paga el monto pactado y ésta realiza sondeos en los que la o el aspirante va igual o mejor que sus contrincantes, aunque en la realidad los hechos sean distintos.
Por ello, en la iniciativa exponen que no hay una regulación que limite a las personas físicas o morales para que emitan encuestas que puedan resultar tendenciosas.
La propuesta remarca la necesidad de blindar a la opinión pública de aquellos que buscan utilizar la información para influir en la preferencia política de las personas que participen en una contienda electoral. Asimismo, pretende se promueva la diversidad y la calidad de las encuestas, garantizando su imparcialidad y rigor metodológico, y que además se sancione a quienes publiquen encuestas sin estar registrados.
En ese sentido, Rubén Moreira y Marco Mendoza plantean adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en materia de encuestas y sondeos de opinión.
