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Ciudad de México, 10 de julio de 2023.-
La diputada federal del PVEM, María del Carmen Pinete Vargas indicó que tan sólo en el año 2021 esos ilícitos aumentaron en más del 50 por ciento en el país.
A fin de sancionar con mayor rigor la suplantación de identidad, el engaño y la utilización de información confidencial contenida en documentos o dispositivos electrónicos, como contraseñas para abrir cuentas bancarias, transferir dinero o contratar créditos, con la intención de obtener un lucro indebido, la diputada María del Carmen Pinete Vargas (PVEM) propuso reformar el artículo 387 del Código Penal Federal.
Expuso que su propuesta plantea las mismas sanciones que se aplican actualmente para castigar el delito de fraude, se establezcan también para estas conductas, que tienen que ver con ilícitos económicos o financieros.
Dichas sanciones, dijo, van de tres días a seis meses de prisión o multas de 30 a 180 días cuando el valor de lo defraudado no exceda de 10 veces el salario.
Asimismo, prisión de seis meses a tres años y multa de 10 a 100 veces el salario, cuando el valor de lo defraudado excede de 10, pero no de 500 veces el salario.
Así como prisión de tres a 12 años y multa hasta de 120 veces el salario, si el valor de lo defraudado es mayor de 500 veces el salario.
En un comunicado, Pinete Vargas explicó que los delitos económicos y financieros abarcan una amplia gama de conductas fraudulentas y engañosas que tienen como objetivo obtener un lucro ilegal perjudicando los intereses de terceros.
Estos delitos, agregó, pueden incluir actividades como el fraude financiero, la evasión de impuestos, el lavado de dinero, la malversación de fondos, la corrupción, el robo de identidad, la manipulación del mercado y muchas otras formas de conducta deshonesta.
Destacó que las tecnologías de la información son una herramienta cada vez más recurrente en la comisión de delitos financieros, permiten la comisión de delitos cada vez más complicados de identificar de forma oportuna, pero, a la vez, dichas tecnologías impiden identificar a las personas que los llevan a cabo.
Señaló que, en 2021, por ejemplo, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) registró 24 mil 215 reclamaciones donde se robó la identidad de los usuarios para cometer un fraude, lo cual representa 52 por ciento más reclamaciones que en el 2020.
De acuerdo con expertos en seguridad digital, son tres los métodos más usados por los delincuentes para acceder a la información de los usuarios de servicios financieros para suplantar su identidad: el phising, vishing y smishing.
Apuntó que el primero es cuando se suplanta la identidad del banco y se envía información vía correo electrónico para señalar que se han detectado movimientos inusuales en su cuenta.
El segundo se refiere a la obtención de información de la víctima mediante una llamada telefónica, igualmente suplantando la información de algún banco o institución.
Y el tercero es cuando, mediante mensajes de texto, se mandan alertas falsas o enlaces electrónicos que llevan a sitios apócrifos de las instituciones o contienen virus.
Ante ello, la diputada ecologista insistió que “es necesario que las instituciones cuenten con un marco jurídico efectivo, así como controles internos y herramientas tecnológicas que permitan inhibir, controlar y sancionar este tipo de conductas que inciden de forma directa e inmediata en las finanzas no sólo de los particulares, sino que tienen consecuencia en las finanzas del Estado y de la calidad de vida de las y los mexicanos, ya que un sistema financiero débil impide un desarrollo económico adecuado”.
