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Mérida, Yucatán, 25 de marzo 2023.-
Investigador de la UADY habla sobre los desafíos para alcanzar una democracia incluyente.
Para defender y afirmar que existe democracia en un país como el nuestro, es necesario un compromiso compartido por estado y sociedad, para impulsar a fondo la inclusión social, manifestó Rodolfo Canto Sáenz, profesor investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).
Durante su conferencia “Políticas públicas para la democracia incluyente”, impartida en el auditorio de la facultad, el académico destacó que México con más de la mitad de su población sumida en la pobreza y mercados laborales, sitúa a dos terceras partes de los trabajadores formales por debajo de la línea de bienestar.
Es por ello dijo, que la teoría de las políticas públicas sugiere opciones para avanzar en esta dirección y remontar la frágil democracia excluyente.
Señaló que las democracias actuales enfrentan grandes desafíos a partir de las enormes desigualdades sociales, derivadas de la precariedad laboral, la desigualdad en la distribución de la riqueza, la vulneración de los derechos humanos de personas que forman parte de grupos minoritarios, así como la poca intervención del Estado para lograr el desarrollo de estos sectores de la sociedad.
En tal sentido, en una democracia incluyente, podemos también identificar tres elementos, el político, el económico y el democrático social.
Explicó que estos tres elementos, constituyen el marco institucional que apunta a una distribución equitativa del poder político, económico y social, lo cual, nos interesa para definir a la democracia incluyente, como un modelo efectivo para eliminar la dominación de unos seres humanos a manos de otros, y, el ejercicio de prácticas y actividades que generan desigualdad entre diferentes grupos de la población.
“Podemos afirmar que una democracia incluyente permite una mayor y mejor participación de todas las personas a la luz del principio de igualdad y no discriminación”, apuntó.
Por tanto, Canto Sáenz, expresó que, en los gobiernos de la mayoría de los países de Latinoamérica, se observa una sólida vocación en favor de expandir los derechos individuales y colectivos de algunos grupos poblacionales que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.
“Así podemos observar disposiciones convencionales, constitucionales y legales que establecen acciones afirmativas en favor de algún grupo de población, también podemos observar legislación secundaria específica para reconocer los derechos y atender las necesidades de estos grupos en desventaja”, puntualizó.
